“CRISIS IN THE VENEZUELAN MALLS INDUSTRY”

By Mario Castro F., CRX, CSM, CMD, CLS, CDP

February 6^th, 2014

 Caracas. On November 29, 2013, the socialistic Venezuelan government dictate the Emergency Decree 602 with the intention of regulating the Shopping Centers industry and looking to lowering Merchants Occupancy Costs so these will lower the price of their products and services to the population.

Decree 602 focused on four main pillars of the industry endangering its very existence, as we know it in Venezuela, since the last fifteen years. The regulations of Decree 602 established in its essential part:

a) A maximum fixed lease rent at Bs.250 /m2/month (USD$22/m2/month at the official rate or USD$2,94 at the free market rate)

b) Ban percentage of sales as a variable lease rent freely subscribed between Malls and retailers

c) Maximum common expenses as 25% of the maximum fixed lease rent

d) Ban of fines payment for breaches of rules and regulations

Clearly, observing Decree 602 makes shopping centers industry unsustainable, as we know it for the last fifteen years, because:

a) Destroy and precludes the formation of national capital, which has allowed huge investments in the fifteen years of development of this industry with significant public housing complexes built in the major cities of Venezuela.

b) Puts a straitjacket on the essence of the business partnership between merchants and owners of the centers, who share the risks with the sales volumes they can achieve based on the services provided to the community.

c) It precludes the daily operation of shopping centers to set common expenses well below those necessary to maintain the level and quality of service, as we know it for fifteen years.

d) Create anarchy in daily business operations by prohibiting the application of fines for breaches of rules and regulations that are the basis of security and quality of services provided by Malls to their communities.

The effects of Decree 602 are already being seeing and in the coming days will be increasingly notorious for these reasons. Moreover, we do not refer to the very issue of retail, now with controlled prices and enormous difficulties to replenish inventories in the current legal context. It is an aggravating of the situation of Shopping Centers beginning to look their professional associates retailers base, who have they have built with so much effort, it is been diluted and disappears.

Compounding the situation furthermore, on January 23, 2014, the Venezuelan socialistic government, protected by the Enabling Act granted powers to legislate on economic matters to the President, issued Organic and Fair Prices Act (LOPJ). The Act sets out regulations for the prices of ALL goods and services and include penalties, fines, closures, interventions, expropriation, confiscation, imprisonment, and disqualification for directors, executives and employees of companies that violate its provisions.

The LOPJ creates enormous legal uncertainty alone, in addition to the violation of clear provisions of the Constitution, to make it a clearly unconstitutional and legally unsafely instrument that will be subject to the protest of citizenship. The LOPJ states: "Section 7. Declare and therefore are of public utility and social interest, ALL goods and services required for the activities of production, manufacture, import, storage, transport, distribution and marketing of goods and services .“, making this expropriated and forfeitable at government will.” Any official of government is responsible for the implementation of the Law.

The spirit of the implementation of the LOPJ has already been demonstrated when the rector, Mrs. Tarazón, of the body set up to coordinate implementation of the law, SUNDDE for short, insulted, offended and assaulted the maximum business executives body of the country, FEDECÁMARAS, when these apply for protection  before the Supreme Court, comparing them with war criminals.

There seems to be no spirit of understanding, dialogue or negotiation by the regime to reach a balance that allows private enterprise to carry out activities for the benefit of the population, with the return on investment logic for taking risk and compensation of the amount invested.

Either way, is compromised the sustainability of the Malls industry in Venezuela, in addition to the existence of private enterprise and constitutional individuals freedom rights.

#CENTROSCOMERCIALESVZLA

A la Opinión Pública
Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Comerciantes y Afines

23 de febrero de 2014

Caracas. CAVECECO en representación de sus 165 afiliados, considera indispensable informar a la Opinión Pública que la situación que atraviesa el sector hace insostenible la continuidad de su operación.
Como consecuencia de las recientes regulaciones dictada por el Ejecutivo Nacional, que establecieron restricciones y cambios en el esquema de funcionamiento de los centros comerciales, se están generando las siguientes consecuencias negativas:
Afectación de la capacidad operativa y el mantenimiento de los centros comerciales
Paralizaciones temporales de escaleras mecánicas, ascensores y servicios de aire acondicionado, derivado de la dificultad en el acceso a repuestos e insumos, lo cual produce consecuencias cada días más visibles.
Reducciones de horario de funcionamiento de los comercios y/o cierres durante jornadas completas, especialmente en servicios claves como bancos, farmacias, supermercados, atención al cliente de telefonía, tintorerías, ferias de comida rápida, entre otros.
Crecientes reducciones en los servicios de limpieza y seguridad, con preocupante tendencia a incrementar el deterioro.
Riesgo de los más de 589.000 puestos de trabajo que dependen de los centros comerciales activos en las distintas ciudades del país. En este sentido, los trabajadores y sus familias sienten con razón amenazada su fuente de sustento.
Cierre transitorio y/o definitivo de nuestros comerciantes, derivado de la situación para el otorgamiento de divisas. Grandes marcas internacionales evalúan retirarse del país. Por lo que nuestros visitantes y usuarios expresan su temor ante la inminente pérdida de sus espacios seguros de entretenimiento y diversión, que hoy están al servicio de toda la familia venezolana.
Amenaza de paralización definitiva de la inversión para la construcción de nuevos centros comerciales vista la insostenibilidad de funcionamiento del sector, lo cual atenta directamente contra la generación de empleo y la posible mejora de la calidad de vida de los venezolanos.
Ante esta situación CAVECECO coherente con su actuar profesional y responsable, ha hecho durante los últimos 3 meses, su mayor esfuerzo para mantener la operación y buscar una solución efectiva a los problemas planteados y por ello ha:
Implementado acciones para garantizar, hasta donde sea posible, la calidad y continuidad de sus servicios y
Gestionado reuniones y suministrado propuestas de solución a las autoridades, en beneficios de nuestros usuarios, trabajadores y comunidad en general.
Confiamos en ser atendidos e incorporados a las mesas de trabajo donde se elaborarán las normas definitivas que aspiramos contribuyan a resolver la problemática operativa,  eviten los cierres de comercios, minimicen el riesgo de desempleo y detengan la desinversión a que estamos expuestos hoy en día.
Conscientes de la importancia de los espacios de los centros comerciales en el día a día de los venezolanos, ofrecemos disculpas a nuestros 2,4 millones de usuarios diarios por los inconvenientes que puedan sufrir al visitarnos, y esperamos tenerles buenas noticias en el corto plazo.
Los invitamos a seguirnos vía @CAVECECO para estar informados sobre las medidas y a apoyarnos en la búsqueda de soluciones con el #centroscomercialesvzla

Comunicado oficial de la CÁMARA  VENEZOLANA DE CENTROS CONERCIALES, CAVECECO.

Caracas, 10 de febrero de 2014
PRIMER COMUNICADO SOBRE EL ESTATUS DEL SECTOR: REFLEXIONES Y CONSIDERACIONES
Estimado afiliado (a)
La Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Comerciantes y Afines, CAVECECO, tiene a bien dirigirse a todos sus afiliados en la oportunidad de exponer y proponer lo siguiente:
Desde fines del año pasado, con ocasión de las medidas que fueron dictadas por distintos organismos del Gobierno Nacional, hemos estado en contacto permanente con todos nuestros afiliados a lo largo del país.
De esos contactos y reuniones hemos recopilado distintos planteamientos formulados por clientes, visitantes y comercios, en los que se nota la marcada preocupación por los cambios y modificaciones a la práctica profesional de alto estándar que han sido características de los centros comerciales en Venezuela.
Los visitantes están preocupados por el incumplimiento de la estructura de horarios por parte de las tiendas, así como por la existencia de muchos locales sin el abastecimiento usual, tanto en bienes como servicios en todos los rubros.
Resulta evidente, de acuerdo con sus palabras, el efecto que está teniendo en el público la desmejora de los servicios integrales de los centros (escaleras, limpieza, ascensores, actividades gratuitas de entretenimiento), a las que estaba acostumbrado desde hace muchos años.
Especial referencia han hecho de la preocupación que genera el riesgo real de una disminución de los estándares de seguridad, que son altamente apreciados por la familia que hace vida en los centros comerciales, y cuya sostenibilidad financiera se hace cada vez más comprometida.
Por otra parte, se aprecia el malestar que usuarios y comerciantes sienten ante el cambio de horarios de funcionamiento que unilateralmente algunos comercios han adoptado, que  en muchos casos llega hasta el cierre permanente en horarios cuando el centro comercial se encuentra operativo. Esto tiene un efecto directo en la rentabilidad cuando los vecinos comerciales se mantienen cerrados.
Cabe precisar que la situación de los comerciantes es extremadamente delicada, por cuanto en algunos casos se encuentran sin disponibilidad de mercancías y divisas para importarla, lo cual ha sembrado el temor de no poder mantener sus operaciones, por cuanto la regulación los obliga a cumplir con un pago fijo, independientemente de su volumen de ventas.
La consecuencia directa de no poder reponer sus inventarios y la caída de las ventas, es que los trabajadores de esas tiendas, cuyo ingreso se compone de una porción fija más las comisión que generen por las ventas al público, vean seriamente mermado el sustento de sus familias, o peor aún, no se justifique la existencia de esos puestos de trabajo dada la escaza o inexistente actividad comercial, o porque, en el caso de las grandes marcas internacionales, decidan retirarse ante la inviabilidad de la operación.
Esto se suma a la afectación de que tienen afiliados y propietarios individuales de locales dentro de los centros comerciales, quienes han manifestado su angustia porque se le han disminuido los ingresos de los cuales se sustentaban sus familias, debido a que los alquileres fueron reducidos significativamente.
En cuanto a los propietarios de centros vecinales, regionales, metropolitanos o capitalinos, éstos han manifestado su elevada preocupación por la regulación adoptada, la cual ha disminuido en 80% sus ingresos. Esta drástica reducción coloca a los dueños de centros comerciales en una situación de absoluta debilidad, dado que las cuantiosas inversiones realizadas en la construcción y desarrollo de las instalaciones se encuentran aún en proceso de ser recuperadas en el tiempo, dejándolos sin garantías de poder continuar.
Además del negativo efecto generado por el esquema de alquileres regulados, los centros comerciales padecen la prohibición de manejar los contratos de arrendamiento con porcentajes sobre las ventas, que es una práctica mundialmente establecida, y que algunas casas matrices y marcas la exigen. Este mecanismo, que fuera eliminada con la nueva regulación, permitía a comerciantes y dueños de centros comerciales compartir la carga de las ventas bajas y los beneficios de las ventas altas.
Como se puede apreciar, la complejidad de esta problemática ha ocupado la atención de la Cámara desde hace más de 70 días, tratando de buscar soluciones a estos retos, sin abandonar el profesionalismo que le ha permitido a los clientes tener certidumbre de ser atendidas sus necesidades en un horario claramente establecido y conocido, eficiencia en la gestión de servicios e instalaciones (climatización, escaleras mecánicas, etc.).
Por ello, hemos exhortado a todos nuestros afiliados a mantener los estándares de calidad reconocidos por el público. Y de igual forma, hemos recibido de ustedes múltiples planteamientos orientados a paliar el efecto de la regulación, teniendo en cuenta las notables diferencias existentes entre las realidades de cada centro comercial, y de las tiendas comerciales entre sí.
Entre las propuestas que hemos recibido figuran:
• Realizar operaciones controladas durante los días domingo y lunes, a fin de cumplir con las normativas del Ministerio del Trabajo -que exigen 2 días libres continuos, en el caso de horario extendido como en los centros comerciales-, y para de esa manera prestar un servicio más equilibrado el resto de los días de la semana.
• Que la misma medida de operación controlada se realice en una primera etapa por un día (lunes, martes o miércoles), y que en la medida de las necesidades, se extienda a domingo y lunes.
• Reducir el horario de apertura al público a 6 o menos horas, todos días de la semana.
• Reducir todas las operaciones y servicios por un día, manteniendo algunos accesos de los centros para aquellas actividades que requieran trabajar, y el resto de los días de la semana funcionar a mediana intensidad.
En ese sentido, les proponemos que en las próximas dos semanas ustedes realicen consultas a sus trabajadores, comerciantes y visitantes, sobre estas y otras sugerencias que nos permitan formular lineamientos lo mas consensuados posible. Y que el resultado de estas consultas nos lo hagan llegar para consolidarlo y exponerlo ante ustedes, a fin de fijar las posiciones correspondientes.
Entre tanto, desde CAVECECO seguimos sosteniendo contactos con los organismos reguladores, para encontrar espacios de trabajo en conjunto, tal como lo venimos realizando desde finales del 2013, donde incluso sostuvimos reuniones el 23 de diciembre.
A pesar del escenario que enfrentamos, nos encontramos optimistas con estas gestiones y confiamos en que podamos participar en las mesas de trabajo donde se están tomando las decisiones para el marco normativo definitivo, que permita restablecer el equilibrio y viabilidad a la operación comercial del sector, con los estándares que hemos conocidos.
Atentamente
Por la Junta Directiva CAVECECO
CLAUDIA ITRIAGO Directora Ejecutiva.

“CRISIS EN LA INDUSTRIA VENEZOLANA DE LOS CENTROS COMERCIALES”

Por Mario Castro F., CRX, CSM, CMD, CLS, CDP

06 de febrero, 2014

 

 Caracas. Con fecha 29 de noviembre de 2013, el gobierno Venezolano dicto el Decreto de Emergencia 602 con la intención de regular la industria de los Centros Comerciales, buscando que los Costos de Ocupación de los Comerciantes disminuyeran y así estos bajarán el precio de sus productos a la población.

El Decreto se centró en cuatro pilares fundamentales de la industria de los Centros Comerciales y lo hizo de tal manera que ha puesto en peligro su existencia misma, tal como los conocemos en los últimos quince años. Las regulaciones del Decreto 602 establecen en su parte medular:

1) Arrendamiento máximo y fijo a una tasa de Bs.250 / m2
2) Prohibición de porcentaje de ventas como arrendamiento variable
3) Gastos comunes máximos (Gastos de Condominio) de 25% del arrendamiento
4) Prohibición de cobro de multas por incumplimiento de normas y reglamento

Resulta claro observar que el Decreto 602 hace insostenible la industria de los Centros Comerciales, tal como la conocemos desde hace quince años, debido a:

a) Destruye e imposibilita la formación de capital nacional, que ha permitido las enormes inversiones en los quince años de desarrollo de esta industria construyendo significativos complejos inmobiliarios públicos en las principales ciudades de Venezuela
b) Pone una camisa de fuerza a la esencia del negocio de asociación entre comerciantes y propietarios de los Centros, que comparten los riesgos con los volúmenes de ventas que pueden lograr en base a los servicios prestados a la comunidad.
c) Imposibilita la operación diaria de los Centros Comerciales al fijar los gastos comunes (gastos de condominio) muy por debajo de aquellos necesarios para mantener el nivel y calidad del servicio tal como lo conocemos desde hace quince años.
d) Crea la anarquía en las operaciones comerciales diarias al prohibir la aplicación de multas por incumplimiento de normas y reglamentos que son la base de la seguridad y calidad en el servicio que prestan los Centros Comerciales a la Comunidad

Los efectos del Decreto 602 ya se están viendo y en los próximos días serán cada vez más notorios por las razones expuestas. En nada nos referimos a la problemática propia del comercio, en los actuales momentos, con precios controlados y enormes dificultades para reponer inventarios en el contexto legal vigente. Es un agravante de la situación de los Centros Comerciales que comienzan a ver como su base de comerciantes profesionales asociados, que con tanto esfuerzo han construido, se diluye y desaparece.

Agravando aún más la situación, el 23 de enero de 2014 el gobierno Venezolano, amparado en la ley Habilitante que otorga poderes para legislar en materia económica al Presidente, dictó La Ley orgánica e Precios Justos (LOPJ). Dicha Ley establece una serie de regulaciones para los precios de TODOS los bienes y servicios y penalidades que incluyen, multas, cierres, intervenciones, expropiaciones, confiscaciones e inhabilitaciones y cárcel para directivos, ejecutivos y empleados de las empresas que violen sus disposiciones.

La LOPJ crea una enorme inseguridad jurídica que por sí sola, además de la violación de claras disposiciones de la Constitución Nacional, hacen al instrumento legal claramente inconstitucional y con seguridad será objeto de la protesta de la ciudadanía. La ley establece: “Artículo 7. Se declaran y por lo tanto son de utilidad pública e interés social, todos los bienes y servicios requeridos para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y prestación de servicios.”, haciéndolos de esta manera expropiables y confiscables. Todo funcionario de gobierno es competente para la aplicación de la Ley.

El espíritu de la aplicación de la Ley ya ha quedado demostrado cuando la rectora, Sra. Tarazón, del organismo creado para coordinar su aplicación, SUNDDE por sus siglas, insultó, ofendió y agredió a los directivos del máximo organismo empresarial del país, FEDECÁMARAS, al solicitar estos un Recurso de Amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, comparándolos con criminales de guerra.

No parece haber ningún ánimo de entendimiento, diálogo o negociación por parte del régimen para llegar a un equilibrio que permita a la empresa privada desarrollar sus actividades en beneficio de la población del país, con el lógico retorno de sus inversiones por los riesgos asumidos y la remuneración de las cantidades invertidas.

De una u otra forma, queda comprometida la sustentabilidad de la industria de los Centros Comerciales en Venezuela, amén de la existencia misma de la empresa privada y, por ende, de las libertades individuales.

VENEZUELA Y LOS CENTROS COMERCIALES

Decreto 602 y Resolución 209 

Por Mario Castro F. , CRX, SCSM, SCMD, SCLS, SCDP

21 de enero de 2014

Caracas. Caracas. Con fecha 29 de Noviembre de 2013, el gobierno Venezolano dicto el Decreto de Emergencia 602 con la intención de regular la industria de los Centros Comerciales, buscando que los Costos de Ocupación de los Comerciantes disminuyeran y así estos bajarán el precio de sus productos a la población. 

El Decreto se centró en cuatro pilares fundamentales de la industria de los Centros Comerciales y lo hizo de tal manera que ha puesto en peligro su existencia misma, tal como los conocemos en los últimos quince años. Las regulaciones del Decreto 602 establecen en su parte medular:

a) Arrendamiento máximo y fijo a una tasa de Bs.250 / m2

b) Prohibición de porcentaje de ventas como arrendamiento variable

c) Gastos comunes máximos (Gastos de Condominio) de 25% del arrendamiento

d) Prohibición de cobro de multas por incumplimiento de normas y reglamento

Resulta claro observar que el Decreto 602 hace insostenible la industria de los Centros Comerciales, tal como la conocemos desde hace quince años, debido a:

a) Destruye e imposibilita la formación de capital nacional, que ha permitido las enormes inversiones en los quince años de desarrollo de esta industria construyendo significativos complejos inmobiliarios públicos en las principales ciudades de Venezuela

b) Pone una camisa de fuerza a la esencia del negocio de asociación entre comerciantes y propietarios de los Centros, que comparten los riesgos con los volúmenes de ventas que pueden lograr en base a los servicios prestados a la comunidad.

c) Imposibilita la operación diaria de los Centros Comerciales al fijar los gastos comunes (gastos de condominio) muy por debajo de aquellos necesarios para mantener el nivel y calidad del servicio tal como lo conocemos desde hace quince años.

d) Crea la anarquía en las operaciones comerciales diarias al prohibir la aplicación de multas por incumplimiento de normas y reglamentos que son la base de la seguridad y calidad en el servicio que prestan los Centros Comerciales a la Comunidad

Los efectos del Decreto 602 ya se están viendo y en los próximos días serán cada vez más notorios por las razones expuestas. En nada nos referimos a la problemática propia del comercio, en los actuales momentos, con precios controlados y enormes dificultades para reponer inventarios en el contexto legal vigente. Es un agravante de la situación de los Centros Comerciales que comienzan a ver como su base de comerciantes profesionales asociados, que con tanto esfuerzo han construido, se diluye y desaparece.

La solución está en manos del gobierno. Con fecha 16 de Diciembre de 2013, el gobierno, a través del Ministerio del Poder Popular Para el Transporte Acuático y Aéreo, dictó la Resolución 209 en la cual se establecen las tarifas de arrendamientos para espacios comerciales en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetia. Estas tarifas establecen :

1) Un canon de arrendamiento fijo, establecido en Unidades Tributarias por m2 de local, distinto para cada ubicación dentro del terminal aéreo. 

2) Se suma al canon fijo, un canon de arrendamiento variable establecido como un porcentaje del volumen de ventas, porcentaje que varía según la categoría comercial del arrendatario.

El Decreto 209 define elementos esenciales de sostenibilidad de la industria de los Centros Comerciales:

1) Protege la recuperación y formación de capital, esencial para seguir invirtiendo, al atar el canon de arrendamiento fijo a la Unidad Tributaria, cuyo valor es ajustado por el gobierno de acuerdo con sus políticas monetarias y fiscales.

2) Reconoce la diferenciación de categorías comerciales y asigna a cada una un porcentaje del volumen de ventas como canon variable! permitiendo así el alineamiento de esfuerzos entre comerciante y propietario del Centro Comercial.

El gobierno debe definir con los propietarios de Centros Comerciales los valores de los arrendamientos fijos y variables, similares a la Resolución 209, a ser incluidos en la Ley definitiva que se promulgue para regular la actividad de arrendamiento de los Centros Comerciales. Pero esto debe realizarse con la máxima urgencia del caso, antes que la fuerza de los hechos cree situaciones en las que todos saldrán perdiendo, principalmente los consumidores y visitantes de los Centros Comerciales.  

...Y sin dónde hacer pipí

  por Luis Vicente León
Publicado en El Universal de Caracas
domingo 22 de diciembre de 2013  12:00 AM

Cuando era chiquito comenzaron a popularizarse los centros comerciales en el país. Eran espacios de encuentro, un tanto desordenados, de comerciantes que decidían individualmente la adquisición o alquiler de locales en los que montaban la actividad que les pareciera más atractiva. Los horarios no eran homogéneos y cada quien abría y cerraba cuando le daba la gana y cambiaban de ramo como cambiar de ropa interior. El resultado era un "serendípiti", sin línea conceptual y sin condominios modernos que garantizaran la calidad de un servicio integral. 

Pero el sector fue evolucionando y adaptándose hasta que se produce un salto cuántico con el surgimiento del Sambil Caracas, que crea una referencia que hoy es el estándar del mercado. El nuevo "mall" se diseña no sólo arquitectónicamente sino utilitariamente, estudiando las necesidades de la población y planificando la mezcla y ubicación de productos y servicios a ofrecer. Un visitante encuentra en estas nuevas plazas comerciales recreación, cines, restaurantes, ferias de comida, peluquerías, bancos, oficinas de servicios básicos, venta de víveres y tiendas. Pero, además, es tratado con respeto en un lugar de primer mundo, iluminado, limpio, con servicios sanitarios impecables y seguridad. Los condominios se encargan de la cobertura de servicios básicos, débiles en el entorno. Autogeneración eléctrica, empresas de seguridad, manejo compensatorio de agua, programación de eventos culturales, conservaduría de tradiciones nacionales y locales, entre otras.

El resultado de este esfuerzo se ve en la opinión pública. Según la Ómnibus de Datanálisis de septiembre pasado, el 74% de la población evalúa positivamente la gestión de los centros comerciales por el bienestar del país y se reportan como el tercer lugar de preferencia en la vida cotidiana de los venezolanos.

Ese es el logro de la profesionalización y las inversiones respetuosas con el usuario. Pero es exactamente eso lo que amenaza el decreto reciente de control del sector y que se agravaría con la consolidación de una ley orgánica, si la misma tiene ese espíritu. 

La regulación establece topes de alquileres que hacen inviables las inversiones modernas y pulveriza la posibilidad de usar los condominios como mecanismo para garantizar la calidad del servicio. Por un tiempito es posible que los promotores surfeen con recursos propios los primeros baches que genera esta restricción, pero el futuro de los centros comerciales está cantado si los nudos introducidos por el decreto no son corregidos de inmediato. Se paralizarán las nuevas inversiones, los condominios reducirán los servicios ofrecidos, empezando por la seguridad y los horarios (que ya se ve con la ausencia de horarios extendidos en Navidad). Sería impensable volver a ver un CC grande abierto en domingo La infraestructura se deteriorará exponencialmente. La mezcla de tiendas se pervertirá. La anarquía volverá a ser común y ningún condominio tendrá recursos para comprar camiones de agua cuando falte en su zona (lo que en muchas de ellas pasa a diario) y garantizar que los baños en sus instalaciones funcionen.

Este decreto o una ley equivalente serán la sentencia de muerte de los centros comerciales tal como los conocemos hoy, la razón de una contracción sustancial de empleos y actividad económica y el boleto directo al pasado primitivo del comercio en el país. Ojalá que prive la racionalidad y el presidente Maduro, en esta nueva nota de flexibilización postelectoral, se dé cuenta que no tiene ni pata ni cabeza y decida oír con mente abierta y recapacitar, porque podría no haber nada más bravo que una señora en la calle, sin productos, sin seguridad... y sin donde hacer pipí.

REGRESO AL PASADO

por Victor Maldonado C. 

Publicado en Runrunes l
Sábado 28 de Diciembre de 2013 

Los Centros Comerciales se han convertido en las nuevas plazas de las ciudades venezolanas. Desde aquel lejano 1978 cuando Caracas se vio sorprendida por el CCT, aquella mole inmensa y llena de oportunidades, hasta el presente, lo que ha ocurrido es un cambio social de singular importancia. Un país que tímidamente se asomaba a la modernidad se dio cuenta que así como desaparecían o perdían significación relativa algunos espacios, otros inéditos surgían con una fuerza sorprendente. La gente comenzó a concurrir y a hacer vital lo que en un principio fue un concepto y la aventura riesgosa de un puñado de promotores inmobiliarios.

El cambio fue progresivo hasta cambiar el perfil de la ciudad y de la forma de hacer comercio. Hoy por hoy los Centros Comerciales son espacios para la convocatoria ciudadana, plural y democrática. Déjenme explicarles qué significa eso. Ningún venezolano siente que le exigen alguna condición para tener acceso. Todo lo contrario, por eso son las nuevas plazas de las ciudades, porque allí se comparten los espacios públicos sin sectarismos, sin exclusión, sin alusiones a la división, y con un respeto por la diversidad que está por encima de los promedios nacionales. Pero hay algo más. También la seguridad ciudadana que se vive en estos Centros Comerciales está por encima del promedio. La gente va porque se siente segura, y porque tiene acceso a un conjunto de servicios que se otorgan con calidad, limpieza y dedicación. Son las nuevas plazas porque ellas congregan todas las clases y condiciones sociales, sin requisitos, y siendo cuidados todos y cada uno de los que allí concurren.

¿A qué va un ciudadano a un Centro Comercial? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con la característica más crucial del sistema de mercado como co-ordenador social. Van a resolver problemas y a pasear. El 14% va de visita y el restante 86% hace algún tipo de actividad: compran, se divierten, resuelven trámites bancarios, solucionan temas de telecomunicaciones, van a la peluquería, o simplemente usan ese escenario para intentar la aventura del romance. Todo es válido. El 46% compra allí alimentos y bebidas. 32% adquiere su ropa y calzados. 18% va al supermercado y un 13% usa los cines o va a los restaurantes. ¿Qué hay de malo en eso?

Lo cierto es que este “hecho social” representa el 50,5% de las compras de los venezolanos. Precisamente porque se ha logrado esa mezcla de sitio seguro, diverso, cercanía y libre acceso que caracteriza a los centros comerciales. De más está decir que a la gente le gusta. El 78% lo califica como bueno y muy bueno. De hecho es la tercera opción luego de las visitas a las familias y las diligencias especialmente focalizadas.

Eso que disfrutan y valoran tanto los venezolanos tiene un costo de mantenimiento, que por cierto no pagan los clientes sino los comercios localizadas allí. Los Centros Comerciales son grandes empresas de servicio donde el mantenimiento de las instalaciones, las exigencias de la seguridad y el disfrute de instalaciones modernas y limpias se conjugan con el esfuerzo sistemático de hacerlos permanentemente atractivos mediante la presentación de espectáculos y oportunidades que van desde la celebración de bodas comunitarias, tardes culturales, desfiles de moda, presentación de espectáculos como el futbol mundial o las olimpíadas y eso que aprecian tanto los ciudadanos, los domingos de fitness. Son las nuevas plazas y estas actividades son como las viejas retretas de antaño, el atractivo principal para concurrir y apreciar esos espacios.

El costo de mantenimiento de un Centro Comercial promedia los 200 Bs. por metro cuadrado, inversión que garantiza esa extensión en el servicio que va hasta tarde la noche y que se mantiene los fines de semana y feriados. Pero además es un inmenso esfuerzo organizacional de coordinación y disciplina para que los paseantes disfruten de una amplia oferta donde hay de todo, o casi todo. Hablemos de mantenimiento: significa limpieza, reposición de lo que se va desgastando, baños y servicios sanitarios de calidad, iluminación y aire acondicionado, ascensores y escaleras mecánicas, eventos y exposiciones y seguridad.

Todo esto está en peligro. El gobierno dictó una medida temporal que regula el costo de los alquileres de locales y del condominio que hace inviable el mantenimiento de estas “nuevas plazas”. Y amenaza con sacar un decreto ley que las va a llevar a la quiebra. ¿Tiene esto sentido? ¿Tiene sentido acabar con 1500 Centros Comerciales que agrupan 90 mil negocios? ¿Tiene sentido acabar con 360 mil empleos directos? ¿Tiene sentido volver al pasado, retroceder 35 años de modernización comercial? ¿Tiene sentido acabar con la trayectoria ascendente de muchos comerciantes que comenzaron siendo buhoneros informales y ahora son empresarios establecidos que pagan impuestos y producen bienestar? ¿Tiene sentido paralizar el desarrollo de ciudades y regiones? Y por último ¿cuál es la alternativa? El gobierno debería responde con responsabilidad a cada una de esas preguntas e interrogarse adicionalmente si las medidas que está tomando provocan más males que bienes o más bienes que males. Y sobre la base de esa reflexión y frente al país, rectificar, que dicen es cosa de sabios.